COMUNICADO 759 LXIV LEGISLATURA 02 DE FEBRERO 2023
Acción Nacional acompaña la Ley para la Administración de Bienes en Tlaxcala: Pepe Temoltzin
- El diputado José G. Temoltzin Martínez afirmó que trabaja bajo los ideales del Partido Acción Nacional.
Tlaxcala, Tlax., a 02 de febrero de 2023.
El diputado José G. Temoltzin Martínez, representante del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, durante la sexta sesión ordinaria, señaló que acompaña la iniciativa por la que se expide la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala.
Durante su intervención al momento del debate efectuado con motivo de la aprobación de dicha Ley, el congresista afirmó que trabaja bajo los ideales del partido que representa, pero también en su calidad de integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, analizó la iniciativa y consideró oportuna su aprobación.
Temoltzin Martínez, señaló que resulta de gran importancia la integración en un organismo de gran naturaleza como lo será el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que participen dependencias como la Procuraduría General de Justicia del Estado, toda vez que pudieran prevenir conflictos sociales, como el caso de propiedades de adultos mayores que no tengan registrada su propiedad.
En ese sentido recalcó que se debe poner especial énfasis en evitar complicaciones, garantizar que se haga valer los derechos humanos, el apego legal en todo momento y reconoció que la misma ley puede ser perfectible, de ser necesario.
Finalmente reconoció que como representante de Acción Nacional se mantiene apegado a los principios ideológicos de su partido, pero también será acompañante de esta iniciativa, procurando siempre el beneficio de las y los tlaxcaltecas.
Así mismo, reconoció que el nombre de instituto podría ser un tema a debate, sin embargo, enfatizó que lo más importante son las atribuciones que éste tendrá “por primera vez en mucho tiempo, los mexicanos tenemos un instituto que nos permite saber cuánto recibió el Estado por lo incautado y después, qué dirección le da el Estado mexicano a esos bienes y a esos recursos.
Ante el Pleno del Congreso del Estado, Blanca Águila se pronunció a favor de consolidar una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en Tlaxcala, y del adecuado destino de todos los bienes asegurados, decomisados y de extensión de dominio referidos en la norma.
El también coordinador de la bancada del sol azteca en el Congreso, propuso modificaciones en lo particular a la fracción décimo quinta del artículo séptimo, adición de las fracciones al artículo 16 y la reforma al artículo 127, para que se incorporen a la comisión los Poderes Legislativo y Judicial y que los beneficios de los decomisos fueran para la seguridad pública, la salud estatal e infraestructura municipal.
Cabe recalcar que dicha Ley tiene como objeto regular la administración y destino de los bienes activos y empresas, asegurados, decomisados, los recibidos en dación, en pago, abandonados, sujetos a procedimientos, los que pasen al fisco estatal, los susceptibles a enajenación, etc., a fin de que sean utilizados en beneficio del Estado.
A fin de garantizar el correcto funcionamiento y velar siempre por el interés de los más desprotegidos, se consideró la creación de la Junta Gobierno, la cual deberá ser integrada por el titular del Ejecutivo, el titular de la Secretaría de Finanzas, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el titular de la Secretaría de Gobierno y el titular de la Secretaría de la Función Pública.
Dichas modificaciones tienen como objetivo que esta Ley se encuentre acorde a la política nacional en la materia, bajo los principios de libertad, justicia distribuida, solidaridad, integridad, participación social, sustentabilidad, con perspectectiva de género y respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas.
De igual manera se estableció la creación del Catálogo de Programas de Bienestar y Desarrollo Social, así como la obligatoriedad de establecer las partidas presupuestales específicas para los programas de bienestar y desarrollo social, en el Presupuesto de Egresos del Estado y el cual no podrá destinarse a fines distintos.
De igual manera, serán obligatorio difundir las reglas de operación de los Programas de Bienestar y Desarrollo Social y la integración de un Padrón Único de Beneficiarios, así como la emisión de programas y políticas de acción inmediata con el objeto de dar atención urgente a catástrofes, desastres naturales u otra circunstancia grave.