COMUNICADO 568 LXV LEGISLATURA 9 DE DICIEMBRE 2025
Propone Reyna Flor Báez fortalecer las condiciones de seguridad en planteles educativos mediante normativa para la revisión de mochilas
La diputada Reyna Flor Báez Lozano presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa por la que propone establecer un marco normativo que regule la revisión de mochilas escolares en los planteles educativos de los niveles básico y medio superior, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad, convivencia armónica y bienestar integral en los centros escolares, generar entornos libres de violencia e implementar medidas preventivas que contribuyan a garantizar espacios seguros para la comunidad educativa.
En su exposición de motivos, Báez Lozano señaló que la revisión de mochilas se ha llevado a cabo previamente en diversos planteles del Estado con la autorización de madres, padres y tutores; no obstante, destacó que aún no existe una regulación legal que otorgue certeza jurídica a esta práctica. En ese sentido, la iniciativa plantea incorporar un Capítulo I Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, a fin de que estas acciones se realicen mediante un protocolo preventivo, informado y respetuoso de los derechos humanos, elaborado por la autoridad educativa local, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Asimismo, se expone que la implementación de dicho protocolo estará a cargo de comités integrados por madres, padres y personas que ejerzan la patria potestad o tutela de las y los estudiantes, lo que permitirá uniformar procedimientos en los planteles educativos, fortalecer la participación de las madres y padres de familia y contribuir al cumplimiento del deber del Estado de garantizar una educación en condiciones de seguridad, paz y armonía, mediante la detección y canalización de objetos o sustancias en sí mismos riesgosos para la comunidad escolar.
Para su análisis y formulación de dictamen, esta Iniciativa con proyecto de Decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
Gabriela Hernández destacó que el cuidado debe entenderse como una actividad esencial para el bienestar y desarrollo integral de todas las personas a lo largo de su vida, reconociendo su carácter público, social y económico. Precisó que la propuesta busca generar mecanismos de corresponsabilidad entre instituciones, familias, comunidades y sociedad para garantizar condiciones dignas en el trabajo de cuidados, ya sea remunerado o no remunerado.
Durante su exposición, la diputada explicó que actualmente la legislación estatal no contempla lineamientos específicos para atender estas pérdidas, pese a que representan un impacto profundo en la salud mental y física de quienes la viven. Por ello, su propuesta plantea medidas como atención diferenciada, comunicación empática, capacitación profesional continua, así como la creación de Habitaciones Mariposa y Salas de Despedida para evitar situaciones que incrementen el dolor emocional.
La legisladora señaló que la legislación de salud local no distingue esos tipos de diabetes, a pesar de que la Diabetes tipo 1 es autoinmune, no prevenible y predominante en la niñez, lo cual, exige un protocolo de tratamiento distinto al de la diabetes tipo 2 asociada estilos de vida, que es prevenible y generalmente incide en adultos; por lo que, la falta de diferenciación expone a los pacientes, especialmente a los menores, a riesgos graves como la cetoacidosis diabética.
Como parte de la exposición de motivos, el legislador destacó que la armonización normativa es indispensable debido al incremento sostenido de casos de extorsión en diversas entidades del país, lo que ha obligado a establecer un marco legal homogéneo que permita a las autoridades locales y federales actuar bajo los mismos criterios. Resaltó además que la Ley General contempla sanciones superiores a las vigentes en la legislación estatal, así como medidas específicas de protección a víctimas, ofendidos y testigos, elementos que modernizan y fortalecen el sistema de justicia penal.