COMUNICADO 584 LXV LEGISLATURA 11 DE DICIEMBRE 2025
Recibe Congreso del Estado, informe de actividades del Poder Judicial
Este día la presidenta de la Mesa Directiva, Maribel León Cruz, y el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXV Legislatura, Ever Alejandro Campech Avelar, recibieron el Informe Anual de Actividades 2025 del Poder Judicial, entregado por la magistrada presidenta Fanny Margarita Amador Montes como lo establece la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En su mensaje, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Maribel León Cruz, afirmó que el informe “no solo rinde cuentas, sino que expresa el pulso, los desafíos y los avances de la justicia en la entidad”. Señaló que este ejercicio constituye “un pilar que sostiene la vida democrática, comprometido con el fin superior del bienestar de la ciudadanía”, y subrayó que el estado de derecho se construye diariamente mediante sentencias imparciales, procedimientos transparentes e instituciones sensibles y eficaces ante las demandas sociales.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fanny Margarita Amador Montes destacó que el Poder Judicial atraviesa una etapa de transformación estructural que exige coordinación, corresponsabilidad y visión. Explicó que el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial consolidan funciones esenciales para garantizar eficiencia, transparencia y control interno, y enfatizó que durante 2025 se ha trabajado “sin descanso para consolidar un Poder Judicial más profesionalizado y orientado a resultados”, con beneficios directos para las y los justiciables. Señaló que los cambios recientes requieren adaptación, reestructuración y trabajo en equipo hacia “una justicia dinámica, centrada en las personas y basada en la constitucionalidad y la dignidad humana”.
En su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, diputado Ever Alejandro Campech Avelar, resaltó que los informes “no solo hablan de estadísticas, sino de resultados que deben reflejarse en beneficio de las y los ciudadanos”. Recordó que quienes integran el Poder Judicial conocen las exigencias sociales y “la ciudadanía lo que quiere es justicia pronta y expedita”, confiando en que, con la nueva reforma, los distintos órganos judiciales ofrecerán mejores resultados para Tlaxcala. El acto protocolario, realizado en el Salón Verde del Palacio Legislativo, contó con la presencia de magistradas, magistrados, diputadas y diputados de la LXV Legislatura.
Resultó electa como presidenta la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips; como primera y segunda secretaria, las diputadas Engracia Morales Delgado y Sandra Guadalupe Aguilar Vega, respectivamente; y como vocal, la diputada Gabriela Hernández Islas.
El legislador señaló que la ciudadanía exige instituciones más accesibles, claras y confiables, por lo que es necesario establecer mecanismos permanentes que aseguren la publicidad de documentos, la trazabilidad de las decisiones, el uso de datos abiertos y la consulta pública en cada etapa del proceso legislativo. Destacó que abrir el parlamento no es solo transmitir sesiones, sino permitir que la población observe, cuestione y participe de manera informada.
González Herrera expuso que el derecho a una vivienda adecuada es un componente esencial del nivel de vida digno que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento ratificado por México y que obliga al Estado a garantizar condiciones que favorezcan la seguridad jurídica, habitabilidad, servicios básicos, accesibilidad y ubicación adecuada para todas las personas. Indicó que las recientes reformas federales redefinen este derecho bajo una perspectiva más amplia y humana.
En su exposición de motivos, la legisladora destacó que el abandono, el maltrato, el abuso, la explotación y la omisión de cuidados constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar la integridad y seguridad de quienes, por condición natural o legal, no pueden protegerse por sí mismos. Aseguró que la iniciativa propone actualizar el marco punitivo estatal para sancionar estas conductas y establecer un deber de cuidado más claro y exigible.
Durante su exposición de motivos, el legislador destacó que la falta de mecanismos institucionales uniformes para atender conflictos comunitarios y faltas administrativas genera respuestas dispares entre municipios, lo que se traduce en inequidad en la aplicación de la ley y en un incremento de tensiones sociales. Señaló que la incorporación plena del Modelo Homologado de Justicia Cívica permitirá fortalecer la convivencia comunitaria, prevenir conductas antisociales y dotar de herramientas jurídicas actualizadas a las autoridades municipales.