COMUNICADO 613 LXV LEGISLATURA 29 DE ENERO 2026
Propone Héctor Ortiz declarar el 28 de mayo como “Día de la Universidad Autónoma de Tlaxcala”
El diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Decreto para declarar el 28 de mayo de cada año como “Día de la Universidad Autónoma de Tlaxcala”, en reconocimiento a la labor educativa y social que esta institución ha desempeñado, como impulsora del desarrollo cultural, académico y económico de la entidad.
Durante la exposición de motivos, el legislador destacó que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha consolidado como uno de los principales motores del progreso estatal al formar generaciones de profesionistas con sólida preparación académica y compromiso social, además de fortalecer la investigación, la innovación y la difusión cultural mediante un modelo educativo de carácter humanista orientado a la transformación social.
La propuesta también subraya que la Máxima Casa de Estudios cuenta con una amplia oferta académica de licenciatura y posgrado, presencia en distintos municipios del estado y una matrícula superior a los 23 mil estudiantes, lo que refleja su impacto en la ampliación de oportunidades educativas y en la formación de profesionistas que contribuyen al desarrollo de Tlaxcala y del país.
Tras la presentación de la Iniciativa, esta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.



Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que el juicio político es un mecanismo excepcional de control constitucional que permite sancionar actos u omisiones graves de servidoras y servidores públicos de alta jerarquía, cuando éstos afectan los intereses públicos fundamentales o el adecuado desempeño de las instituciones del Estado.
Al exponer los motivos de la propuesta, la legisladora subrayó que el interés superior de la niñez debe ser el eje rector de toda acción legislativa, ya que este tipo de conductas vulneran derechos fundamentales como la identidad, la convivencia familiar, la estabilidad emocional y el derecho a una vida libre de violencia, además de generar afectaciones psicoemocionales profundas en las personas menores de edad.