COMUNICADO 617 LXV LEGISLATURA 3 DE FEBRERO DE 2026
Aprueban diputadas y diputados ajuste a comisiones legislativas
El Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad la Propuesta con Proyecto de Acuerdo mediante la cual se reforman acuerdos previos relativos a la integración de las comisiones ordinarias de la LXV Legislatura, misma que fue presentada en tribuna por la diputada Reina Flor Báez Lozano, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política.
La propuesta sometida a consideración de la Asamblea Legislativa tuvo como propósito actualizar la integración de diversas comisiones, derivado de la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Silvano Garay Ulloa y la incorporación de Silvano Garay Loredo como diputado en funciones de propietario, a fin de no interrumpir los trabajos parlamentarios.
Con la aprobación del Pleno, se realizaron modificaciones en la Comisión de Asuntos Electorales, donde Silvano Garay Loredo asumió la presidencia; así como en las comisiones de Juventud y Deporte y Desarrollo Económico, en las que se integró como vocal. Asimismo, se ajustó la conformación de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, con su incorporación como integrante.
El acuerdo aprobado establece también su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con lo que el Congreso del Estado refrenda su compromiso de actuar con apego a la legalidad, garantizar la continuidad de los trabajos legislativos y fortalecer el consenso entre las fuerzas políticas representadas en esta Soberanía.
La diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó este día la Iniciativa mediante la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con el objetivo de armonizarla con las reformas constitucionales recientes en materia judicial y de responsabilidades públicas.
En su exposición de motivos, la legisladora explicó que la propuesta tiene como objetivo armonizar la Constitución local con la reforma constitucional federal publicada en diciembre de 2019, mediante la cual se estableció la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana para evaluar el desempeño de las personas titulares del Poder Ejecutivo y, en su caso, determinar la conclusión anticipada de su encargo por pérdida de la confianza ciudadana.