COMUNICADO 631 LXV LEGISLATURA 17 DE FEBRERO DE 2026
Propone Lorena Ruiz reformar el Código Penal con perspectiva de discapacidad
En sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada Lorena Ruíz García, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, específicamente el artículo 348, a fin de incorporar una perspectiva de discapacidad en la aplicación de sanciones por daños patrimoniales.
La propuesta plantea exceptuar de la multa prevista en la fracción I del citado artículo a las personas con discapacidad mental e intelectual, con el objetivo de evitar respuestas punitivas desproporcionadas y privilegiar mecanismos alternativos de solución de controversias, así como la reparación del daño por la vía correspondiente. La legisladora sostuvo que la reforma se sustenta en los principios de proporcionalidad, igualdad sustantiva y protección reforzada de grupos en situación de vulnerabilidad.
En su exposición de motivos, Ruiz García señaló que la Iniciativa busca armonizar el marco jurídico local con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen el modelo social de la discapacidad y la obligación del Estado de garantizar ajustes razonables y acceso efectivo a la justicia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Con esta propuesta, se pretende fortalecer un sistema de justicia más incluyente, proporcional y congruente con la realidad social de Tlaxcala, sin afectar la aplicación de sanciones en casos agravados o de mayor impacto.
En su exposición, el legislador argumentó que la legislación interna del Congreso requiere actualización para armonizarse con las reformas constitucionales federales que reconocen el derecho de toda persona a beneficiarse del desarrollo científico y la innovación tecnológica. Señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla la innovación dentro del modelo educativo y del acceso al conocimiento, por lo que la normativa local debe adecuarse a ese parámetro.