COMUNICADO 848 LXV LEGISLATURA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Propone Gabriela Hernández fortalecer desde los municipios la prevención y atención de las conductas suicidas
La diputada Gabriela Hernández Islas presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y atención de las conductas suicidas desde el ámbito municipal.
La propuesta contempla reformar la fracción VII del artículo 31, derogar su fracción VIII y adicionar las fracciones IX a XVIII; asimismo, plantea adicionar al artículo 3 las fracciones XLVI a LII, con conceptos como conducta suicida, factores de protección, persona de primer contacto, posvención, prevención del suicidio, Ruta Municipal de Atención y señales de alerta. También propone adicionar un segundo párrafo al artículo 12, relacionado con protocolos diferenciados para la prevención y atención de estas conductas.
Como parte central de la Iniciativa, se propone incorporar el Capítulo IV Bis, denominado “De la prevención y atención municipal de las conductas suicidas”, integrado por los artículos 31 Bis al 31 Decies, mediante los cuales se plantean disposiciones para la creación y evaluación de un Programa Municipal, la implementación de una Ruta Municipal de Atención, capacitación para personas servidoras públicas de primer contacto, integración de redes de agentes comunitarios, identificación de espacios públicos de riesgo, comunicación responsable y acciones de seguimiento y posvención.
La Iniciativa establece que estas acciones deberán desarrollarse bajo principios de derechos humanos, dignidad, confidencialidad, inclusión y no discriminación, y precisa que la capacitación de personal municipal no lo faculta para realizar diagnósticos, prescribir tratamientos o efectuar intervenciones clínicas si no cuenta con la formación y autorización profesional correspondiente. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Salud y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
En su exposición de motivos, Zainos Flores señaló que las sindicaturas tienen entre sus responsabilidades la vigilancia de los recursos municipales y la revisión de la cuenta pública; sin embargo, advirtió que el plazo actual de tres días hábiles resulta insuficiente ante el volumen de documentación y, en algunos casos, la falta de personal suficiente o especializado. Además, refirió que desde el inicio del trienio municipal 2024-2027 más de diez municipios han omitido la firma de la persona titular de la Sindicatura en sus cuentas públicas.