COMUNICADO 1475 LXIV LEGISLATURA 08 DE FEBRERO DE 2024
Es una realidad, la Ley Monzón en el Estado de Tlaxcala
- Diputadas y diputados locales aprueban reformas al Código Civil y al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Tlaxcala, Tlax., a 08 de febrero de 2024
Las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron diversas modificaciones al Código Civil y al Código Penal ambos para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, específicamente a la suspensión o pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad respecto a quienes la ejerzan, con perspectiva de protección de los derechos humanos, de las niñas, niños y adolescentes, dando preeminencia al principio de interés superior de la niñez.
En la máxima tribuna tlaxcalteca, la diputada María Guillermina Loaiza Cortero, quién presentó estas reformas, puntualizó que “en el escenario familiar las consecuencias que se generan al seno de ésta por los feminicidios, traen consigo víctimas indirectas; las hijas e hijos de la víctima, que en muchas ocasiones también lo son del agresor”.
En ese sentido, se resalta que una de las causales más trascendentes, es fijar un régimen legal adecuado a la patria potestad, para brindar a niñas, niños y adolescentes la más amplia protección, en específico a aquellas víctimas indirectas del delito de feminicidio, que por motivo de su edad y la etapa inherente de su desarrollo cognitivo, resienten las secuelas por la pérdida de su madre.
Asimismo, la diputada Guillermina Loaiza le agradece a la diputada Mónica Silva Ruiz, integrante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, quien coadyuvó en distintas actividades legislativas para que la Ley Monzón se hiciera realidad en pro de nuestras niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala, siendo el octavo Estado en aprobarla.
El dictamen fue presentado por las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y la de Puntos Constitucionales, Gobernación, y Justicia y Asuntos Políticos, que presiden las diputadas Diana Torrejón Rodríguez y Reyna Flor Báez Lozano, respectivamente; la iniciativa fue propuesta por la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez.
De esta manera, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 168 Ter del Código Civil para el Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual señala “también se entenderá por violencia familiar el hecho de que un integrante de la familia realice conductas que ocasionen alienación parental, entendida como la manipulación o inducción que realiza un progenitor o familiar hacia una niña, un niño o adolescente, mediante la desaprobación y crítica, con el objeto de causar en ella o él una transformación de conciencia, para producir rechazo, miedo, rencor, odio o desprecio hacia el otro progenitor o los demás integrantes de la familia.”
En la máxima tribuna tlaxcalteca, la legisladora iniciadora, Maribel León Cruz, dijo que “tristemente, el problema de la mendicidad como un tipo de maltrato hacia el menor, cada vez va en aumento a nivel nacional, por lo que pareciera inevitable controlarla, pero no, por que todos podemos hacer algo al respecto; es decir, trabajar en conjunto sociedad y estado y/o autoridades para evitar que se incremente”.
En cumplimiento a los Decretos 218 publicado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis y 324 publicado el trece de abril de dos mil veintiuno, ambos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que preside la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presentó el dictamen por el cual establece las bases que deberán cubrir las y los interesados a ser acreedores de este galardón.
Durante la octava sesión ordinaria, el diputado Lenin Calva Pérez integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, presentó ante el Pleno de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIV y XV, y se adiciona la fracción XVI del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de derechos humanos.
Además, el también coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, señaló que el Estado deberá garantizar este derecho a través de la prestación de los servicios públicos que ofrezcan las autoridades de la Entidad, con base en los principios y valores anteriormente descritos, garantizando una buena gobernanza, legitimando el actuar del gobierno y recobrando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Además, agradeció el compromiso y respaldo de todos los intervinientes, debido a que lo logrado es de trascendencia histórica para el desarrollo de los municipios y dejan constancia de su trabajo realizado en las administraciones municipales.
Con esta iniciativa, el legislador busca que se sancione a quien sin autorización inicie o realice obras o actividades, así como no implemente las medidas preventivas y correctivas que indique la autoridad correspondiente para la mitigación del impactos ambientales y de seguridad de las personas, sus bienes y el ambiente, ocasionando daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas.
La diputada Fátima Pérez Vargas, durante su intervención recalcó que esta firma tiene como objetivo garantizar que la población perteneciente al distrito XI puedan realizar sus trámites sin la necesidad de acudir hasta la capital tlaxcalteca y que a su vez esto genere repercusiones económicas y de tiempo, además de evitar que terceros popularmente conocidos como “coyotes” lucren con la necesidad de la población.
Por su parte, Ruiz García, señaló “tratar psicológicamente a un agresor, debe ser una realidad, sobre todo si el sujeto asume la responsabilidad de sus conductas y cuenta con una mínima motivación para el cambio. Al margen de las diversas funciones que se atribuyen a las medidas penales-retributivas, ejemplarizantes y protectora de la sociedad-.No se puede prescindir de su función prioritaria de reeducación y reinserción social del agresor.”
Temoltzin Martínez mostró su apoyo a la iniciativa preferente por la que se expide la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, aprobada por la LXIV Legislatura, la cual busca fortalecer la comunicación y coordinación entre autoridades a través de la implementación del mando coordinado en municipios con alta incidencia delictiva.