COMUNICADO 545 LXV LEGISLATURA 1 DE DICIEMBRE 2025
Aprueban en Comisiones Unidas dictamen sobre exhorto en materia de salud mental
En sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presidida por el diputado Jaciel González Herrera, y de Salud, presidida por la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, fue aprobado por unanimidad el Dictamen relativo a la Iniciativa por la que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a dar cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala.
Durante el análisis, las Comisiones Unidas coincidieron en que la propuesta presentada por la diputada Blanca Águila Lima parte de la premisa de fortalecer el marco normativo vigente, particularmente en lo relativo a la instalación de los Consejos Municipales de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo, así como la emisión de los reglamentos correspondientes en cada municipio. El estudio de la Iniciativa permitió determinar que la Ley establece las bases para garantizar el acceso a servicios especializados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, por lo que el cumplimiento de dichas disposiciones resulta indispensable para lograr una adecuada coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Las Comisiones dictaminadoras consideraron que la salud mental constituye un componente esencial del bienestar individual y comunitario, y que los municipios son espacios estratégicos para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas que permitan atender de manera eficaz los desafíos en esta materia. Asimismo, destacaron que contar con los instrumentos reglamentarios previstos en la Ley permitirá avanzar en la consolidación de acciones que fortalezcan la prevención, la atención y la rehabilitación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el marco jurídico estatal.
Tras su aprobación en sesión de Comisiones Unidas, el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Tlaxcala, a dar cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala, fue turnado a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado para continuar con el debido trámite legislativo.
La diputada Madai Pérez Carillo, encabezó este día la capacitación sobre el “Decreto de facilidades administrativas, regulación de concesiones de aguas nacionales y la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales”, impartida por la Comisión Nacional del Agua en Tlaxcala (CONAGUA). El objetivo del encuentro fue brindar información técnica y actualizada sobre el nuevo marco jurídico en materia hídrica a representantes del sector agrícola, industrial, autoridades municipales y otros sectores estratégicos.
En su mensaje inaugural, la diputada Madai Pérez Carrillo destacó que el agua es un derecho humano y un bien público que debe protegerse con responsabilidad, justicia y ciencia. Señaló que el Decreto de Facilidades Administrativas constituye un instrumento que refleja los principios de la transformación del país al promover la justicia, la eficiencia administrativa y el combate a la desigualdad. Subrayó que este nuevo marco surge para corregir años de incertidumbre y rezago en trámites atrasados, títulos vencidos y dificultades para pequeños usuarios, al facilitar la regularización y otorgar mayor certeza jurídica.
Por su parte, el director de CONAGUA Tlaxcala, Pedro Misael Albornoz Góngora, explicó que la capacitación busca poner orden en las concesiones, conocer el uso real del agua y verificar que éste sea el adecuado para el beneficio de la población, sin afectar los derechos adquiridos por los usuarios. Indicó que este proceso abre la oportunidad de regularizar concesiones que, por falta de prórroga o extravío de títulos, han limitado el acceso de productores y usuarios a programas o apoyos.
León Cruz explicó que la propuesta busca atender una problemática que, aunque documentada desde hace pocos años, repercute de manera profunda en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Recordó que tanto la legislación federal como la estatal reconocen el derecho de este sector a vivir sin violencia, a la protección de su integridad y al resguardo de su patrimonio, pero que las conductas de robo y despojo continúan afectándolos con mayor frecuencia que al resto de la población.
En sesión de Pleno, legisladoras y legisladores de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, tras su análisis y aval previo por parte de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores. La iniciativa, enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, proyecta ingresos totales por 30,086 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7.32% respecto a 2025, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas, una apuesta por la estabilidad y la recaudación eficiente.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que el abuso sexual constituye una de las manifestaciones más graves de violencia que vulnera la integridad física, emocional y la autonomía de las víctimas, por lo que es indispensable contar con un tipo penal claro y actualizado que sancione actos como tocamientos, exhibicionismo y otras conductas de naturaleza sexual que se cometen sin consentimiento. Subrayó además que la omisión legislativa en torno a este delito ha generado lagunas jurídicas, altos niveles de impunidad y condiciones que perpetúan la desigualdad y la violencia de género.
Hernández Islas destacó que la iniciativa también responde a la necesidad de disminuir factores de riesgo relacionados con el embarazo adolescente. Con cifras oficiales del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y de la Secretaría de Salud, subrayó que la insuficiente regulación en espacios donde se facilita el ejercicio de la sexualidad sin supervisión contribuye a situaciones de vulnerabilidad para este sector.
Durante su exposición, Aguilar Vega destacó que la propuesta armoniza el marco estatal con la Convención sobre los Derechos del Niño, al reconocer que la violencia también puede ejercerse mediante dispositivos tecnológicos, redes sociales, aplicaciones, inteligencia artificial y otras herramientas digitales. La reforma al artículo 47 incorpora estas formas de violencia y contempla nuevas manifestaciones que puedan surgir con el avance tecnológico. Además, la modificación al artículo 58 amplía el concepto de educación digital, ya no limitado al uso responsable de internet, sino a todas las herramientas tecnológicas disponibles.