COMUNICADO 576 LXV LEGISLATURA 11 DE DICIEMBRE 2025
Propone Sandra Aguilar reformas al Código Penal para fortalecer la protección a personas vulnerables
En sesión ordinaria de este jueves, la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega, presentó ante el Pleno la Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
En su exposición de motivos, la legisladora destacó que el abandono, el maltrato, el abuso, la explotación y la omisión de cuidados constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar la integridad y seguridad de quienes, por condición natural o legal, no pueden protegerse por sí mismos. Aseguró que la iniciativa propone actualizar el marco punitivo estatal para sancionar estas conductas y establecer un deber de cuidado más claro y exigible.
La propuesta contempla la modificación del Capítulo II del Título Décimo Primero del Código Penal del Estado de Tlaxcala, así como la actualización del artículo 303 para ampliar las hipótesis de responsabilidad penal ante actos de abandono o daño a personas vulnerables. Asimismo, incorpora el artículo 303 Bis, que sanciona la omisión de auxilio cuando una persona encuentre o genere una situación de riesgo que afecte a menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad o cualquier individuo herido o en peligro.
Luego de su presentación ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para los efectos legislativos correspondientes.
Durante su exposición de motivos, el legislador destacó que la falta de mecanismos institucionales uniformes para atender conflictos comunitarios y faltas administrativas genera respuestas dispares entre municipios, lo que se traduce en inequidad en la aplicación de la ley y en un incremento de tensiones sociales. Señaló que la incorporación plena del Modelo Homologado de Justicia Cívica permitirá fortalecer la convivencia comunitaria, prevenir conductas antisociales y dotar de herramientas jurídicas actualizadas a las autoridades municipales.
La legisladora expuso que el campo tlaxcalteca enfrenta desafíos derivados del deterioro ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el incremento en los costos de insumos agroquímicos, por lo que consideró indispensable establecer un marco jurídico que favorezca la transición hacia modelos de producción más sostenibles, resilientes y acordes con las necesidades del territorio. Señaló que la inclusión de la agroecología permitirá fortalecer la autonomía campesina, conservar los recursos naturales y mejorar la seguridad alimentaria de la población.
La legisladora expuso que la propuesta tiene como eje incorporar la gestión menstrual como un tema de salud pública y de derechos humanos, incluyendo la provisión de productos gratuitos, la mejora de infraestructura sanitaria, la atención médica especializada, la creación del Programa Estatal de Gestión Menstrual Digna, así como la implementación de campañas permanentes de concientización para eliminar estigmas y prácticas discriminatorias. Asimismo, la iniciativa reconoce el dolor menstrual incapacitante como causal válida para la concesión de licencias laborales con goce de sueldo.
En su exposición ante el Pleno, el diputado González Herrera destacó que, si bien la pirotecnia forma parte de las tradiciones y manifestaciones culturales del país, su uso también genera afectaciones ambientales, riesgos a la salud humana, impactos negativos en los ecosistemas y daños en animales domésticos y silvestres. Asimismo, expuso que Tlaxcala se encuentra entre las entidades con mayor número de incidentes relacionados con la manipulación inadecuada de estos artefactos, por lo que consideró necesario impulsar acciones preventivas desde el ámbito local.
En su exposición de motivos, Báez Lozano señaló que la revisión de mochilas se ha llevado a cabo previamente en diversos planteles del Estado con la autorización de madres, padres y tutores; no obstante, destacó que aún no existe una regulación legal que otorgue certeza jurídica a esta práctica. En ese sentido, la iniciativa plantea incorporar un Capítulo I Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, a fin de que estas acciones se realicen mediante un protocolo preventivo, informado y respetuoso de los derechos humanos, elaborado por la autoridad educativa local, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Gabriela Hernández destacó que el cuidado debe entenderse como una actividad esencial para el bienestar y desarrollo integral de todas las personas a lo largo de su vida, reconociendo su carácter público, social y económico. Precisó que la propuesta busca generar mecanismos de corresponsabilidad entre instituciones, familias, comunidades y sociedad para garantizar condiciones dignas en el trabajo de cuidados, ya sea remunerado o no remunerado.