COMUNICADO 136 LXV LEGISLATURA 12 DE NOVIEMBRE 2024
Valida LXV Legislatura la abrogación de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio
La Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, presentó ante el Pleno del Congreso el Dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario LXV 143/2024, mediante el cual se abroga el Decreto 204 que expidió la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala así como la Desaparición del “Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado” (ITDEP), que quedará extinto el 31 de diciembre de 2024.
Fue la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez quien leyó el dictamen de esta iniciativa, que fue remitida originalmente por la Gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, argumentó la necesidad de extinguir el ITDEP con el objetivo de optimizar la distribución de funciones y competencias gubernamentales, logrando un funcionamiento más ágil, eficiente y acorde a las políticas públicas establecidas por el Gobierno Federal.
Como consecuencia, las funciones del ITDEP serán asumidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, permitiendo una reorganización administrativa que canalice los recursos necesarios para fortalecer el funcionamiento de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala, cuya creación fue avalada por el Congreso en el Decreto número cinco de la LXV Legislatura.
En este sentido, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXV Legislatura coincidió con el propósito de esta iniciativa en priorizar la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo. Por tal motivo, tras someterse a votación nominal, las y los legisladores tlaxcaltecas aprobaron este Proyecto de Decreto, comprometidos con el bienestar, la equidad y la eficiencia gubernamental en Tlaxcala.
En la exposición de motivos, las y los legisladores en voz de la diputada Reyna Flor Báez Lozano, destacaron que esta Minuta representa un avance significativo en el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo su derecho a una vida libre de violencia de género, la paridad en los nombramientos dentro de la administración pública y la reducción de las disparidades salariales entre géneros.
La convocatoria está dirigida a niñas y niños inscritos en quinto o sexto grado de primaria, o en su equivalente dentro del Sistema CONAFE, y tiene como propósito fomentar la libre expresión y participación de la niñez en el ámbito legislativo.
La propuesta de reforma de la legisladora Martínez Pérez enfatiza la relevancia de promover una cultura de responsabilidad y respeto hacia las normas de tránsito, como una medida esencial para fortalecer la seguridad vial en el estado.
De igual forma, la Comisión emitió un dictamen con Proyecto de Decreto para la abrogación de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala, en un esfuerzo por actualizar el marco normativo estatal.
Esta propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario que integran los diputados Jaciel González Herrera, Maribel León Cruz y Soraya Noemí Bocardo Phillips.
La segunda minuta aprobada introduce modificaciones a la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras. Esta reforma reconoce la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas públicas que promuevan el acceso a una vivienda adecuada y digna para los trabajadores, resaltando que la accesibilidad y calidad de la vivienda son pilares esenciales para la estabilidad social y familiar.
En su exposición de motivos, la legisladora, subrayó la importancia de regular la actuación del presidente y el actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en estos procedimientos, asegurando que sus acciones se rijan bajo el principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este principio exige que las autoridades actúen estrictamente en los términos que les confiere la ley, evitando cualquier exceso de facultades.