COMUNICADO 1471 LXIV LEGISLATURA 08 DE FEBRERO DE 2024
Propone Lenin Calva Pérez reconocer el derecho a una buena administración pública
- Busca reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Tlaxcala, Tlax., a 08 de febrero de 2024
Durante la octava sesión ordinaria, el diputado Lenin Calva Pérez integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, presentó ante el Pleno de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIV y XV, y se adiciona la fracción XVI del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de derechos humanos.
En la máxima tribuna tlaxcalteca, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, recalcó que las modificaciones propuestas tienen por objeto reconocer en la Constitución Política local, el derecho de toda persona a una buena administración pública y a recibir un trato digno, justo y respetuoso en el despacho de los asuntos públicos.
Lenin Calva Pérez, enfatizó que, una de las responsabilidad del Estado es reconocer los derechos humanos de las personas y garantizar una buena administración, por lo que se deben tener como base los principios de equidad, igualdad, inclusión, no discriminación, respeto a los derechos humanos, legalidad, honradez, imparcialidad, honestidad, disciplina, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, integridad, austeridad, racionalidad, ética, calidad, legalidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
De aprobarse dicha iniciativa, se establecerá en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que toda persona tiene derecho a una buena administración pública y a recibir un trato digno, justo y respetuoso, procurando en todo momento reforzar el trabajo público.
Además, el también coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, señaló que el Estado deberá garantizar este derecho a través de la prestación de los servicios públicos que ofrezcan las autoridades de la Entidad, con base en los principios y valores anteriormente descritos, garantizando una buena gobernanza, legitimando el actuar del gobierno y recobrando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Cabe recalcar que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Además, agradeció el compromiso y respaldo de todos los intervinientes, debido a que lo logrado es de trascendencia histórica para el desarrollo de los municipios y dejan constancia de su trabajo realizado en las administraciones municipales.
Con esta iniciativa, el legislador busca que se sancione a quien sin autorización inicie o realice obras o actividades, así como no implemente las medidas preventivas y correctivas que indique la autoridad correspondiente para la mitigación del impactos ambientales y de seguridad de las personas, sus bienes y el ambiente, ocasionando daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas.
La diputada Fátima Pérez Vargas, durante su intervención recalcó que esta firma tiene como objetivo garantizar que la población perteneciente al distrito XI puedan realizar sus trámites sin la necesidad de acudir hasta la capital tlaxcalteca y que a su vez esto genere repercusiones económicas y de tiempo, además de evitar que terceros popularmente conocidos como “coyotes” lucren con la necesidad de la población.
Por su parte, Ruiz García, señaló “tratar psicológicamente a un agresor, debe ser una realidad, sobre todo si el sujeto asume la responsabilidad de sus conductas y cuenta con una mínima motivación para el cambio. Al margen de las diversas funciones que se atribuyen a las medidas penales-retributivas, ejemplarizantes y protectora de la sociedad-.No se puede prescindir de su función prioritaria de reeducación y reinserción social del agresor.”
Temoltzin Martínez mostró su apoyo a la iniciativa preferente por la que se expide la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, aprobada por la LXIV Legislatura, la cual busca fortalecer la comunicación y coordinación entre autoridades a través de la implementación del mando coordinado en municipios con alta incidencia delictiva.
Con el objetivo de dar impulso a una legislación que garantice eficacia en labores de prevención del delito, recuperar el orden y la paz social, además de establecer las bases generales de coordinación entre el Estado, los municipios y demás instancias en materia de seguridad ciudadana, las y los integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron la expedición de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala.
También se contempla en dicha Ley el establecimiento de las bases para la evaluación, supervisión y cumplimiento de las medidas cautelares y providencias precautorias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; promover la sensibilización y profesionalización de las instituciones de seguridad con base en perspectiva de género y derechos humanos; la atención oportuna y eficiente de las instituciones de seguridad; coadyuvar en la organización del tránsito de vehículos en las vías públicas; proveer el orden y seguridad en los Centros de Reinserción Social del Estado, entre otras acciones.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside la diputada Reyna Flor Báez Lozano, el cual fue leído por la diputada Diana Torrejón Rodríguez integrante de la Comisión, en el que se puntualizó que la desincorporación de la unidad vehicular es procedente, debido al desgaste derivado de su uso constante, por lo que resulta necesario reemplazarla y con ello evitar erogaciones infructuosas en gastos tendentes a su reparación.
