COMUNICADO 1469 LXIV LEGISLATURA 06 DE FEBRERO DE 2024
Propone Jaciel González Herrera reformar el Código Penal local
- Busca adicionar una fracción VII al artículo 414 del Código Penal local.
Tlaxcala, Tlax., a 06 de febrero de 2024
Durante la séptima sesión ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, el diputado Jaciel González Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción VII del artículo 414 del Código Penal para el Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala.
Con esta iniciativa, el legislador busca que se sancione a quien sin autorización inicie o realice obras o actividades, así como no implemente las medidas preventivas y correctivas que indique la autoridad correspondiente para la mitigación del impactos ambientales y de seguridad de las personas, sus bienes y el ambiente, ocasionando daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas.
Durante su intervención, González Herrera, aclaró “la construcción de edificios y otras infraestructuras es una actividad esencial en cualquier sociedad moderna, sin embargo, también es una de las actividades humanas que más impacto tiene en el medio ambiente, desde la extracción de materiales hasta la eliminación de residuos, la construcción es responsable de una gran cantidad de consumo de energía y contaminación del aire y de agua”.
De ser aprobada la iniciativa, se agregaría la fracción VII al artículo 414 del Código Penal local. Dicha iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
La diputada Fátima Pérez Vargas, durante su intervención recalcó que esta firma tiene como objetivo garantizar que la población perteneciente al distrito XI puedan realizar sus trámites sin la necesidad de acudir hasta la capital tlaxcalteca y que a su vez esto genere repercusiones económicas y de tiempo, además de evitar que terceros popularmente conocidos como “coyotes” lucren con la necesidad de la población.
Por su parte, Ruiz García, señaló “tratar psicológicamente a un agresor, debe ser una realidad, sobre todo si el sujeto asume la responsabilidad de sus conductas y cuenta con una mínima motivación para el cambio. Al margen de las diversas funciones que se atribuyen a las medidas penales-retributivas, ejemplarizantes y protectora de la sociedad-.No se puede prescindir de su función prioritaria de reeducación y reinserción social del agresor.”
Temoltzin Martínez mostró su apoyo a la iniciativa preferente por la que se expide la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, aprobada por la LXIV Legislatura, la cual busca fortalecer la comunicación y coordinación entre autoridades a través de la implementación del mando coordinado en municipios con alta incidencia delictiva.
Con el objetivo de dar impulso a una legislación que garantice eficacia en labores de prevención del delito, recuperar el orden y la paz social, además de establecer las bases generales de coordinación entre el Estado, los municipios y demás instancias en materia de seguridad ciudadana, las y los integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron la expedición de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala.
También se contempla en dicha Ley el establecimiento de las bases para la evaluación, supervisión y cumplimiento de las medidas cautelares y providencias precautorias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; promover la sensibilización y profesionalización de las instituciones de seguridad con base en perspectiva de género y derechos humanos; la atención oportuna y eficiente de las instituciones de seguridad; coadyuvar en la organización del tránsito de vehículos en las vías públicas; proveer el orden y seguridad en los Centros de Reinserción Social del Estado, entre otras acciones.
El dictamen fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside la diputada Reyna Flor Báez Lozano, el cual fue leído por la diputada Diana Torrejón Rodríguez integrante de la Comisión, en el que se puntualizó que la desincorporación de la unidad vehicular es procedente, debido al desgaste derivado de su uso constante, por lo que resulta necesario reemplazarla y con ello evitar erogaciones infructuosas en gastos tendentes a su reparación.
Tras coincidir con su punto de vista, la magistrada Cortés Ornelas manifestó al legislador local que, en el desempeño de la acción jurisdiccional, y específicamente, a través de la Presidencia que encabeza, una de sus funciones es realizar estos convenios, que en el año 2023 sumaron 12.