COMUNICADO 620 LXV LEGISLATURA 5 DE FEBRERO DE 2026
Congreso del Estado reforma la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala
Esta mañana, las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobaron reformas a la Ley de Salud del Estado, orientadas a la armonización del marco jurídico estatal con la legislación federal vigente en materia de salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios de salud como un derecho humano, así como la organización, funcionamiento y coordinación del sistema de salud en la entidad.
Esta reforma, atendió a la federalización de los servicios de salud que deriva del convenio Marco para la transformación de los servicios de salud, celebrado el pasado cuatro de febrero del año dos mil veintidós, y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud publicada el tres de enero del dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación, de ahí que para dar pauta a la armonización del marco jurídico se exigía la extinción del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.
Esta medida responde a un proceso de transición que evita la duplicidad de funciones y fortaleciendo así la federalización de los servicios de salud, lo que permitirá una mejor integración administrativa e institucional de los servicios de salud, sin que ello represente afectación alguna a los derechos laborales del personal, quienes conservarán plenamente sus prestaciones y condiciones de trabajo de acuerdo a la Ley General de Salud y los convenios de coordinación entre el Estado y la Federación.
Entre las principales bondades del decreto aprobado, destaca el fortalecimiento de la salud mental y del comportamiento adictivo, reconociendo estos temas como componentes fundamentales de la salud pública y priorizando su atención mediante un marco normativo más claro, actualizado y acorde a las necesidades actuales de la población.
El dictamen fue aprobado en lo general con 22 votos a favor y 1 voto en contra; en lo particular, la iniciativa fue aprobada con 21 votos a favor y 2 votos en contra. Con esta aprobación, el Congreso del Estado refrenda su compromiso de legislar con responsabilidad y sentido social, impulsando reformas que modernizan la legislación en materia de salud, garantizan certeza laboral a las y los trabajadores del sector, contribuyendo a una atención más integral, humana y eficiente en beneficio de las personas.
Para concluir con su trámite legislativo, se instruyó su remisión al ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente.
Las diputadas y diputados que integran las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Salud del Congreso del Estado, presididas por el diputado Jaciel González Herrera y la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona respectivamente, aprobaron el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de homologar la legislación local con la Ley General de Salud.
El dictamen tiene como propósito fortalecer el funcionamiento de la administración pública estatal mediante la actualización y armonización de diversas atribuciones de las dependencias que integran al Poder Ejecutivo, con el fin de garantizar una actuación más eficiente, ordenada y coordinada, en congruencia con el marco jurídico vigente y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
La diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó este día la Iniciativa mediante la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con el objetivo de armonizarla con las reformas constitucionales recientes en materia judicial y de responsabilidades públicas.
En su exposición de motivos, la legisladora explicó que la propuesta tiene como objetivo armonizar la Constitución local con la reforma constitucional federal publicada en diciembre de 2019, mediante la cual se estableció la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana para evaluar el desempeño de las personas titulares del Poder Ejecutivo y, en su caso, determinar la conclusión anticipada de su encargo por pérdida de la confianza ciudadana.
Durante el acto protocolario, Morales Pérez señaló que la documentación fue presentada en tiempo y forma, con el propósito de ratificar el compromiso institucional con el uso adecuado de los recursos públicos y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que dé inicio el proceso formal de revisión de la información entregada.
Por su parte, el diputado Bladimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, indicó que, al igual que ocurre con las demás instituciones, dependencias y municipios obligados a rendir cuentas, se instruyó realizar un análisis puntual de la documentación presentada por el Congreso del Estado, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y fortalecer la certeza ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.
Finalmente, el diputado Vicente Morales Pérez instruyó al Secretario Administrativo, Gonzalo Guízar Vázquez, mantener comunicación permanente hasta la conclusión del proceso de presentación y revisión de la Cuenta Pública entregada.
Durante la exposición de motivos, el legislador destacó que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha consolidado como uno de los principales motores del progreso estatal al formar generaciones de profesionistas con sólida preparación académica y compromiso social, además de fortalecer la investigación, la innovación y la difusión cultural mediante un modelo educativo de carácter humanista orientado a la transformación social.
Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que el juicio político es un mecanismo excepcional de control constitucional que permite sancionar actos u omisiones graves de servidoras y servidores públicos de alta jerarquía, cuando éstos afectan los intereses públicos fundamentales o el adecuado desempeño de las instituciones del Estado.
Al exponer los motivos de la propuesta, la legisladora subrayó que el interés superior de la niñez debe ser el eje rector de toda acción legislativa, ya que este tipo de conductas vulneran derechos fundamentales como la identidad, la convivencia familiar, la estabilidad emocional y el derecho a una vida libre de violencia, además de generar afectaciones psicoemocionales profundas en las personas menores de edad.