COMUNICADO 856 LXV LEGISLATURA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Propone Laura Flores crear fondo estatal para infraestructura de los municipios
Durante el desarrollo de la Sexta Sesión Ordinaria, la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el propósito de crear el Fondo Estatal para la Infraestructura Municipal de Tlaxcala.
La legisladora expuso que la propuesta deriva de la reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 23 de abril de 2026, que establece disposiciones relacionadas con el presupuesto de las legislaturas locales. Señaló que, a partir de la reducción al presupuesto de egresos del Congreso del Estado, se genera un recurso que, conforme al régimen transitorio de dicha reforma, debe destinarse a infraestructura pública en beneficio de la población.
En este sentido, la iniciativa plantea establecer en el Código Financiero un mecanismo específico para la creación y distribución del Fondo, cuyos recursos se destinarían a los 60 municipios del Estado para la ejecución de obras de infraestructura que beneficien directamente a sus habitantes, como agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de caminos, calles y avenidas.
La propuesta de la diputada Laura Flores, establece que 50 por ciento de los recursos se distribuya en partes iguales entre los 60 municipios, mientras que el 50 por ciento restante se distribuya de forma proporcional al número de habitantes de cada municipio, con base en el último censo de población publicado por el INEGI. Asimismo, contempla que los recursos se entreguen de forma mensual y que los municipios acrediten su aplicación, además de sujetarse a las disposiciones de fiscalización correspondientes.
Tras la lectura de la Iniciativa, el Pleno instruyó su remisión a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Entre los principales cambios impulsados por la diputada Madai Pérez se propone transformar la actual legislación en la Ley de Fomento, Protección, Salvaguardia y Desarrollo del Patrimonio Artesanal del Estado de Tlaxcala, además de incorporar conceptos y mecanismos para la identificación y protección del sector, como el Inventario Estatal del Patrimonio Artesanal Tlaxcalteca, el Registro Estatal de Personas Artesanas, el Distintivo de Autenticidad Artesanal Tlaxcalteca y el Consejo Estatal del Patrimonio Artesanal Tlaxcalteca.
Para ello, la diputada Lorena Ruiz plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 37 y el artículo 37 Bis, además de reformar la fracción IV del artículo 47 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a fin de reconocer este derecho. El permiso sería de hasta tres días hábiles con goce íntegro de sueldo y podría prorrogarse cuando una medida u orden de protección requiera la presencia continuada de la trabajadora, sin exceder diez días hábiles dentro de un mismo ejercicio fiscal.
La propuesta de la diputada Sandra Aguilar contempla adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala, a fin de establecer que el Gobierno estatal garantice los apoyos económicos y en especie necesarios para quienes realicen su servicio social.
Al dirigir su mensaje, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Emilio De la Peña Aponte, realizó una remembranza histórica de la lucha por la Independencia e invitó a las y los presentes a mantener vivas las tradiciones y el fulgor patrio, así como a enorgullecerse de las raíces mexicanas y defender los ideales de quienes dieron patria y libertad a México.
A la ceremonia asistieron las diputadas y diputados Jaciel González Herrera, Vicente Morales Pérez, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, María Aurora Villeda Temoltzin, Madai Pérez Carrillo, Gabriela Hernández Islas, Ever Alejandro Campech Avelar, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Laura Yamili Flores Lozano, Soraya Noemi Bocardo Phillips, Engracia Morales Delgado, David Martínez Del Razo, Reyna Flor Báez Lozano y Silvano Garay Loredo.
Para lograr esta transformación, el Proyecto de Decreto plantea la incorporación de la accesibilidad y el diseño universal como ejes transversales en todas las etapas del ciclo científico. Entre sus medidas más destacadas, la Iniciativa exige que las convocatorias, infraestructuras y plataformas digitales financiadas con recursos públicos cumplan con estándares de accesibilidad desde su origen. Asimismo, ordena que los presupuestos y reglas de operación reconozcan como gastos directos y necesarios los ajustes razonables y las tecnologías de asistencia, asegurando que el mérito científico sea el único factor de evaluación y no las barreras del entorno.
El Proyecto de Ley está integrado por 22 artículos, en los que se establecen, entre otros aspectos, los objetivos y bases de la política estatal en materia de economía circular, las atribuciones de las autoridades, mecanismos de educación y cultura de la circularidad, innovación tecnológica, infraestructura especializada y hábitos de consumo responsables. Asimismo, contempla el Programa Estatal de Economía Circular, que deberá considerar acciones de investigación y desarrollo tecnológico, recuperación y remediación de espacios contaminados, participación de los sectores privado, social, académico y de investigación, reciclaje inclusivo, capacitación y fomento al emprendimiento basado en los principios de economía circular.
Como parte central de la Iniciativa, se propone incorporar el Capítulo IV Bis, denominado “De la prevención y atención municipal de las conductas suicidas”, integrado por los artículos 31 Bis al 31 Decies, mediante los cuales se plantean disposiciones para la creación y evaluación de un Programa Municipal, la implementación de una Ruta Municipal de Atención, capacitación para personas servidoras públicas de primer contacto, integración de redes de agentes comunitarios, identificación de espacios públicos de riesgo, comunicación responsable y acciones de seguimiento y posvención.
En su exposición de motivos, Zainos Flores señaló que las sindicaturas tienen entre sus responsabilidades la vigilancia de los recursos municipales y la revisión de la cuenta pública; sin embargo, advirtió que el plazo actual de tres días hábiles resulta insuficiente ante el volumen de documentación y, en algunos casos, la falta de personal suficiente o especializado. Además, refirió que desde el inicio del trienio municipal 2024-2027 más de diez municipios han omitido la firma de la persona titular de la Sindicatura en sus cuentas públicas.