COMUNICADO 697 LXV LEGISLATURA 21 DE ABRIL DE 2026
Congreso de Tlaxcala aprueba entrega de la Presea “José Arámburu Garreta 2026”
En sesión ordinaria celebrada este día, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante la cual se otorga la Presea “José Arámburu Garreta 2026” a la Dra. Marisol Nava Hernández, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito literario y de investigación con significación social para la entidad.
El dictamen, presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, integrada por los diputados Héctor Israel Ortiz Ortiz, Emilio De la Peña Aponte y Jaciel González Herrera, deriva del proceso establecido en los decretos que regulan este galardón, así como de la convocatoria pública emitida el pasado 26 de enero de 2026, mediante la cual se invitó a instituciones y sociedad en general a postular candidaturas.
De acuerdo con el procedimiento, se registraron seis aspirantes, cuyos expedientes fueron analizados por la Comisión en su carácter de Jurado Calificador, valorando aspectos como trayectoria, aportaciones, producción literaria, investigación histórica y su impacto social. Tras la revisión, se determinó que la Dra. Marisol Nava Hernández reúne los méritos suficientes para recibir esta distinción, destacando su labor como docente, investigadora y poeta, así como su contribución a la formación académica y al enriquecimiento del acervo cultural de Tlaxcala.
La Presea “José Arámburu Garreta” tiene como propósito reconocer a quienes, mediante su actividad literaria, de investigación histórica y aportaciones culturales, contribuyen al fortalecimiento del desarrollo intelectual y social del estado. Con la aprobación de este acuerdo, el Congreso del Estado reafirma su compromiso de impulsar y reconocer el talento, la creación y la investigación. La entrega de la presea se realizará en sesión pública solemne en la fecha que determinen los órganos de gobierno del Poder Legislativo.



Durante la exposición de motivos, Hernández Islas destacó que en Tlaxcala existen más de 200 comisarías ejidales cuyos titulares desempeñan funciones clave en la representación legal de los núcleos agrarios, la administración de bienes y la gestión de apoyos gubernamentales, sin recibir remuneración, pese a que deben destinar recursos propios para cumplir con sus responsabilidades.
La Comisión dictaminadora consideró procedente la Iniciativa presentada por la Diputada Lorena Ruiz García, al advertir que la misma es congruente con el marco constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en lo relativo a la protección de la integridad, dignidad y libertad sexual, así como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Durante su exposición, Bocardo Phillips señaló que, en la práctica, las pensiones alimenticias suelen fijarse con criterios mínimos de subsistencia, lo que limita su alcance y afecta el desarrollo integral de quienes dependen de este derecho, particularmente niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. En este sentido, destacó la necesidad de transitar hacia un modelo garantista que asegure condiciones reales de vida digna.
La legisladora destacó que las mujeres en el ámbito rural han sido históricamente relegadas de los espacios de toma de decisiones y de los beneficios de las políticas públicas, a pesar de su papel fundamental en la producción de alimentos y el sostenimiento de las economías familiares y comunitarias. Subrayó que persisten brechas estructurales en acceso a educación, tierra, financiamiento y representación en órganos ejidales, lo que limita su desarrollo integral.
La propuesta de la legisladora plantea la adición de un Capítulo V Bis denominado “De los Centros de Comportamiento Adictivo”, así como la incorporación de los artículos 33 Bis al 33 Sexies, mediante los cuales se establece la obligación de estos centros de registrarse ante la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST), cumplir con normas oficiales en la materia, contar con personal profesional certificado, garantizar instalaciones dignas y operar bajo principios de respeto a la dignidad humana, consentimiento informado y no discriminación.

En su mensaje, el presidente de la Mesa Directiva, diputado David Martínez del Razo destacó que hablar de la Cruz Roja Mexicana es referirse a una institución con historia, compromiso y vocación de servicio, que desde 1910 ha estado presente en los momentos más difíciles del país y de Tlaxcala, atendiendo emergencias y salvando vidas. Reconoció el esfuerzo de voluntarios y profesionales que han consolidado a esta organización como un referente de confianza y cercanía con la sociedad, al tiempo que llamó a la población a contribuir y fortalecer la cultura de la solidaridad.
Por su parte, el delegado estatal, Miguel García Méndez Salazar, subrayó que la Cruz Roja Mexicana representa atención inmediata en situaciones críticas y es, en muchos casos, la diferencia entre la incertidumbre y la atención oportuna. Informó que durante 2025 se lograron avances significativos en Tlaxcala, como el fortalecimiento de la atención prehospitalaria y la ampliación de la participación social, logros que han sido posibles gracias al respaldo de donantes y diversos sectores.


El legislador argumentó que la falta de incentivos y los tiempos reducidos de difusión han derivado en una baja participación, incluso provocando que en años recientes la convocatoria haya sido declarada desierta, lo que representa un obstáculo para el acceso y disfrute de los derechos culturales de la población.
En este sentido, la propuesta plantea adelantar el periodo de registro de candidaturas para ayuntamientos y presidencias de comunidad, con el fin de otorgar mayor margen tanto a los partidos políticos y aspirantes para cumplir con los requisitos legales, como a la autoridad electoral para realizar una revisión exhaustiva de la documentación, evitando así resoluciones de último momento que afecten el desarrollo equitativo de las campañas.