COMUNICADO 692 LXV LEGISLATURA 16 DE ABRIL DE 2026
Propone Gabriela Hernández fortalecer regulación de centros de rehabilitación en Tlaxcala
En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Gabriela Hernández Islas, presentó ante el Pleno la Iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala, con el propósito de establecer un marco normativo integral para la regulación de los centros de atención a personas con adicciones.
Durante la exposición de motivos, la diputada Hernández Islas señaló que las adicciones constituyen un problema de salud pública que impacta de manera directa en la salud, la familia, el tejido social y destacó que en la entidad persiste la operación de centros de rehabilitación irregulares, comúnmente conocidos como “anexos”, los cuales carecen de supervisión, personal especializado y condiciones adecuadas, lo que ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias.
La propuesta de la legisladora plantea la adición de un Capítulo V Bis denominado “De los Centros de Comportamiento Adictivo”, así como la incorporación de los artículos 33 Bis al 33 Sexies, mediante los cuales se establece la obligación de estos centros de registrarse ante la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST), cumplir con normas oficiales en la materia, contar con personal profesional certificado, garantizar instalaciones dignas y operar bajo principios de respeto a la dignidad humana, consentimiento informado y no discriminación.
Asimismo, la Iniciativa prohíbe expresamente prácticas como la violencia física o psicológica, el aislamiento forzado, la privación ilegal de la libertad y cualquier tratamiento sin consentimiento, salvo en los casos previstos por la ley, estableciendo además mecanismos de supervisión, inspección y sanción a cargo de la autoridad sanitaria estatal, con el objetivo de erradicar prácticas irregulares y garantizar tratamientos efectivos basados en evidencia científica.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de salud mental y adicciones, privilegiando un enfoque de derechos humanos y atención integral para las personas en situación de vulnerabilidad.