COMUNICADO 577 LXV LEGISLATURA 11 DE DICIEMBRE 2025
Impulsa Jaciel González armonización de la Constitución local en materia de derecho a vivienda adecuada
Esta mañana, el diputado Jaciel González Herrera, integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción XI del artículo 26 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de armonizar el reconocimiento del derecho a la vivienda conforme a los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de derechos humanos.
González Herrera expuso que el derecho a una vivienda adecuada es un componente esencial del nivel de vida digno que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento ratificado por México y que obliga al Estado a garantizar condiciones que favorezcan la seguridad jurídica, habitabilidad, servicios básicos, accesibilidad y ubicación adecuada para todas las personas. Indicó que las recientes reformas federales redefinen este derecho bajo una perspectiva más amplia y humana.
La propuesta plantea sustituir en el texto constitucional local la referencia a una “vivienda digna” por el reconocimiento del derecho de todas las personas a “disfrutar de una vivienda adecuada”, lo que implica adoptar parámetros internacionales que consideran la vivienda como un elemento indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales, entre ellos la salud, el trabajo, la educación y la seguridad social.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su análisis, estudio y dictamen conforme al procedimiento legislativo aplicable.
En su exposición de motivos, la legisladora destacó que el abandono, el maltrato, el abuso, la explotación y la omisión de cuidados constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar la integridad y seguridad de quienes, por condición natural o legal, no pueden protegerse por sí mismos. Aseguró que la iniciativa propone actualizar el marco punitivo estatal para sancionar estas conductas y establecer un deber de cuidado más claro y exigible.
Durante su exposición de motivos, el legislador destacó que la falta de mecanismos institucionales uniformes para atender conflictos comunitarios y faltas administrativas genera respuestas dispares entre municipios, lo que se traduce en inequidad en la aplicación de la ley y en un incremento de tensiones sociales. Señaló que la incorporación plena del Modelo Homologado de Justicia Cívica permitirá fortalecer la convivencia comunitaria, prevenir conductas antisociales y dotar de herramientas jurídicas actualizadas a las autoridades municipales.
La legisladora expuso que el campo tlaxcalteca enfrenta desafíos derivados del deterioro ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el incremento en los costos de insumos agroquímicos, por lo que consideró indispensable establecer un marco jurídico que favorezca la transición hacia modelos de producción más sostenibles, resilientes y acordes con las necesidades del territorio. Señaló que la inclusión de la agroecología permitirá fortalecer la autonomía campesina, conservar los recursos naturales y mejorar la seguridad alimentaria de la población.
La legisladora expuso que la propuesta tiene como eje incorporar la gestión menstrual como un tema de salud pública y de derechos humanos, incluyendo la provisión de productos gratuitos, la mejora de infraestructura sanitaria, la atención médica especializada, la creación del Programa Estatal de Gestión Menstrual Digna, así como la implementación de campañas permanentes de concientización para eliminar estigmas y prácticas discriminatorias. Asimismo, la iniciativa reconoce el dolor menstrual incapacitante como causal válida para la concesión de licencias laborales con goce de sueldo.
En su exposición ante el Pleno, el diputado González Herrera destacó que, si bien la pirotecnia forma parte de las tradiciones y manifestaciones culturales del país, su uso también genera afectaciones ambientales, riesgos a la salud humana, impactos negativos en los ecosistemas y daños en animales domésticos y silvestres. Asimismo, expuso que Tlaxcala se encuentra entre las entidades con mayor número de incidentes relacionados con la manipulación inadecuada de estos artefactos, por lo que consideró necesario impulsar acciones preventivas desde el ámbito local.
En su exposición de motivos, Báez Lozano señaló que la revisión de mochilas se ha llevado a cabo previamente en diversos planteles del Estado con la autorización de madres, padres y tutores; no obstante, destacó que aún no existe una regulación legal que otorgue certeza jurídica a esta práctica. En ese sentido, la iniciativa plantea incorporar un Capítulo I Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, a fin de que estas acciones se realicen mediante un protocolo preventivo, informado y respetuoso de los derechos humanos, elaborado por la autoridad educativa local, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.