COMUNICADO 582 LXV LEGISLATURA 11 DE DICIEMBRE 2025
Aprueban en el Congreso reformas a la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala
En la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, las diputadas y diputados que integran la LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala. El proyecto fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presidida por el diputado Jaciel González Herrera, y deriva de la Iniciativa remitida por la titular del Poder Ejecutivo.
La Comisión dictaminadora determinó que la función notarial tiene un origen histórico profundo y constituye un elemento esencial para la seguridad jurídica, la legalidad y la confianza pública. Señaló que el notariado debe responder la modernización tecnológica, la exigencia de mayor transparencia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control, en ese contexto, estimó que la actualización normativa permitirá dotar a la función notarial de herramientas modernas y procedimientos claros que garanticen el profesionalismo, la autenticidad documental y la protección del interés público, motivo por el cual se dictaminó en sentido positivo.
La actualización normativa, modifica diversas disposiciones para fortalecer la supervisión e inspección notarial a cargo de la Dirección de Notarías y Registro Público, lo que permitirá realizar inspecciones ordinarias anuales, extraordinarias y especiales destinadas a vigilar la actuación de las notarías y detectar posibles irregularidades. Asimismo, incorpora reglas generales para la redacción de los instrumentos notariales, disposiciones para inutilizar espacios en blanco, obligaciones reforzadas respecto al resguardo de libros y folios, y medidas orientadas a garantizar la autenticidad y calidad técnica de los documentos emitidos por las notarías y notarios del Estado.
Concluida la votación unánime, la LXV Legislatura instruyó remitir el Decreto a la titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales conducentes.
El legislador señaló que la ciudadanía exige instituciones más accesibles, claras y confiables, por lo que es necesario establecer mecanismos permanentes que aseguren la publicidad de documentos, la trazabilidad de las decisiones, el uso de datos abiertos y la consulta pública en cada etapa del proceso legislativo. Destacó que abrir el parlamento no es solo transmitir sesiones, sino permitir que la población observe, cuestione y participe de manera informada.
González Herrera expuso que el derecho a una vivienda adecuada es un componente esencial del nivel de vida digno que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento ratificado por México y que obliga al Estado a garantizar condiciones que favorezcan la seguridad jurídica, habitabilidad, servicios básicos, accesibilidad y ubicación adecuada para todas las personas. Indicó que las recientes reformas federales redefinen este derecho bajo una perspectiva más amplia y humana.
En su exposición de motivos, la legisladora destacó que el abandono, el maltrato, el abuso, la explotación y la omisión de cuidados constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y subrayó que es responsabilidad del Estado garantizar la integridad y seguridad de quienes, por condición natural o legal, no pueden protegerse por sí mismos. Aseguró que la iniciativa propone actualizar el marco punitivo estatal para sancionar estas conductas y establecer un deber de cuidado más claro y exigible.
Durante su exposición de motivos, el legislador destacó que la falta de mecanismos institucionales uniformes para atender conflictos comunitarios y faltas administrativas genera respuestas dispares entre municipios, lo que se traduce en inequidad en la aplicación de la ley y en un incremento de tensiones sociales. Señaló que la incorporación plena del Modelo Homologado de Justicia Cívica permitirá fortalecer la convivencia comunitaria, prevenir conductas antisociales y dotar de herramientas jurídicas actualizadas a las autoridades municipales.
La legisladora expuso que el campo tlaxcalteca enfrenta desafíos derivados del deterioro ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el incremento en los costos de insumos agroquímicos, por lo que consideró indispensable establecer un marco jurídico que favorezca la transición hacia modelos de producción más sostenibles, resilientes y acordes con las necesidades del territorio. Señaló que la inclusión de la agroecología permitirá fortalecer la autonomía campesina, conservar los recursos naturales y mejorar la seguridad alimentaria de la población.
La legisladora expuso que la propuesta tiene como eje incorporar la gestión menstrual como un tema de salud pública y de derechos humanos, incluyendo la provisión de productos gratuitos, la mejora de infraestructura sanitaria, la atención médica especializada, la creación del Programa Estatal de Gestión Menstrual Digna, así como la implementación de campañas permanentes de concientización para eliminar estigmas y prácticas discriminatorias. Asimismo, la iniciativa reconoce el dolor menstrual incapacitante como causal válida para la concesión de licencias laborales con goce de sueldo.