COMUNICADO 557 LXV LEGISLATURA 4 DE DICIEMBRE 2025
Aprueban diputadas y diputados modificaciones a la Ley de Asistencia Social del Estado de Tlaxcala
En el desarrollo de la vigésima séptima sesión ordinaria, las diputadas y los diputados integrantes de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen de la Iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo propósito es actualizar denominaciones institucionales, derogar disposiciones vinculadas a la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como modificar la integración de la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con el fin de garantizar protección inmediata y mayor certeza jurídica a personas en situación de vulnerabilidad.
El dictamen, presentado ante el Pleno por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos que preside el diputado Jaciel González Herrera, señala que las reformas armonizan la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala con la estructura orgánica vigente, al actualizar las denominaciones de las Subprocuradurías de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, a fin de fortalecer los mecanismos de atención y garantizar intervenciones oportunas.
Asimismo, se plantea modificar la integración de la Junta de Gobierno del DIF Estatal para actualizar la denominación de sus integrantes y mejorar la coordinación entre áreas vinculadas a la seguridad, justicia, educación y política social. De igual forma, se contempla la actualización de la denominación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública, para mantener la coherencia institucional de la Ley.
El dictamen destaca la creación de Subprocuradurías, así como de la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores, adscritas al Sistema Estatal DIF. Estas instancias brindarán atención especializada, asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y seguimiento en casos de vulneración de derechos, restitución, tutela, abandono o violencia. Se establece que las Subprocuradurías operarán por distritos judiciales y coordinarán acciones con las Procuradurías Municipales y la Procuraduría Estatal para garantizar respuestas oportunas y profesionales.
Respecto a las personas adultas mayores, la iniciativa prevé fortalecer su protección mediante una Procuraduría especializada, encargada de promover el respeto a su dignidad y derechos humanos, así como de realizar verificaciones, visitas domiciliarias, canalizaciones y acciones de representación y asistencia jurídica.
Tras su aprobación, el Proyecto de Decreto fue remitido al Ejecutivo para su sanción y publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Las diputadas y los diputados integrantes de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y de Salud relativo a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por la que se exhorta de manera respetuosa a los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a dar cumplimiento a la instalación de sus Consejos Municipales de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo, así como a la emisión de los reglamentos correspondientes, presentada por la diputada Blanca Águila Lima.
Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó la evolución del municipio como orden de gobierno y la importancia de incorporar herramientas tecnológicas que permitan una rendición de cuentas efectiva. Explicó que, aunque algunas administraciones municipales han transmitido sus sesiones desde 2020, la ley no establece esta obligación de manera general, lo que limita el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información.
En su exposición de motivos, la diputada Aguilar Vega señaló que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Tlaxcala más del 10.86% de la población está conformada por personas adultas mayores, un sector que enfrenta condiciones como deterioro cognitivo, depresión, ansiedad y fatiga crónica, muchas veces invisibilizadas o atendidas de manera insuficiente. Asimismo, subrayó que factores como el aislamiento, el estrés laboral y los cambios emocionales asociados al envejecimiento requieren políticas públicas más amplias y específicas para garantizar la dignidad y el bienestar de quienes las padecen.
Caballero Yonca manifestó que la reforma no es meramente cosmética, sino una actualización estructural que responde a los cambios derivados de las reformas federales anticorrupción y de supresión del fuero, así como a la necesidad de dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces y modernas para enfrentar actos que lesionen los intereses públicos fundamentales, sin que ello implique persecución política por la mera expresión de ideas, como lo señala expresamente el artículo 18 del proyecto.
La legisladora explicó que, a través de modificaciones a diversas leyes estatales, se plantea establecer una cuota laboral mínima del 3% para estas poblaciones en dependencias estatales, ayuntamientos, Fiscalía General de Justicia, Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismos autónomos y órganos electorales. A su vez, la propuesta incorpora medidas de protección para evitar actos de discriminación laboral y garantiza el respeto pleno a sus derechos humanos en el servicio público.
La legisladora explicó que la iniciativa responde al creciente desafío estatal en materia de obesidad infantil, consumo de alimentos ultraprocesados, salud emocional y prevención de riesgos. Por ello, propone incorporar a la ley la promoción obligatoria de entornos y estilos de vida saludables dentro y fuera de los planteles; fortalecer la educación para la salud; impulsar la activación física y el deporte escolar; y establecer la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal DIF.
Durante su exposición de motivos, la diputada señaló que la agricultura sostenible constituye un modelo esencial para garantizar la seguridad alimentaria, preservar la biodiversidad, proteger los recursos naturales y fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales. Explicó que este enfoque está alineado con organismos internacionales como la FAO, la ONU y la UNESCO, así como con el marco constitucional federal que promueve el uso de semillas nativas, la mitigación del cambio climático y la implementación de prácticas agroecológicas responsables.
En su intervención, la legisladora destacó que Margarita Eustaquia Maza Parada fue una mujer liberal, valiente y de profunda convicción democrática, quien durante el siglo XIX sostuvo a su familia en tiempos de persecución, respaldó la causa liberal y ejerció influencia pública desde el ámbito privado, en una época en la que a las mujeres se les prohibía participar en la vida política. Precisó que el año 2026 se propone en su honor como un acto de justicia histórica y de reivindicación del papel de las mujeres que contribuyeron silenciosamente a la construcción del Estado mexicano.
En su mensaje, la diputada Gabriela Hernández Islas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó que las personas con discapacidad “levantan la voz no desde la carencia, sino desde la fuerza, la dignidad y la profunda convicción de que la inclusión no es un acto de buena voluntad, sino un derecho que debe garantizarse todos los días, en todos los espacios y para todas las personas”. Subrayó que, si bien existen avances, persisten barreras físicas, sociales, culturales, laborales y estructurales que impiden su participación plena y efectiva en la comunidad.
Durante el foro, las y los ponentes María del Carmen Mazarrasa Corona, Kevin Alexandre Pérez López y Marco Antonio Velázquez Ramírez coincidieron en que persisten desafíos como la discriminación, la falta de oportunidades laborales, el retroceso en la garantía de derechos y la escasez de apoyos pedagógicos, de salud y de empleo. También señalaron que aún es limitado el número de personas con discapacidad que ocupan espacios de toma de decisiones.