COMUNICADO 665 LXV LEGISLATURA 23 DE MARZO DE 2026
Comisión de Puntos Constitucionales aprueba dictámenes relativos a reconocer a primera legisladora tlaxcalteca y tipificar violencia digital mediante uso de inteligencia artificial
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado, que preside el diputado Jaciel González Herrera, aprobaron por unanimidad dos dictámenes.
Uno de los dictámenes aprobados ordena inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Juárez, el nombre de la profesora María de los Ángeles Grant Munive, como la primera mujer diputada local del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión dictaminadora consideró los antecedentes históricos y documentales que refieren a la participación de la legisladora, de esta forma coinciden en el sentido de la iniciativa presentada por las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y Soraya Noemí Bocado Phillips, al tratarse de un reconocimiento a una mujer tlaxcalteca que representa un legado histórico, social y precursora de la lucha por la búsqueda de la participación de la mujer en el ámbito político.
Mientras que para el segundo dictamen, las y los integrantes de la comisión aprobaron la reforma al artículo 295 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, derivado de la iniciativa presentada por la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, con el objetivo de sancionar la simulación, alteración o generación de imágenes, audios o videos de contenido íntimo, erótico o sexual, mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial o manipulación digital. La comisión consideró que esta reforma responde a los nuevos desafíos derivados del desarrollo tecnológico, que pueden vulnerar la intimidad, privacidad y dignidad de las personas.
Tras la aprobación de los dictámenes en mención, se instruyó su remisión a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política para continuar con el trámite legislativo correspondiente.
El Congreso del Estado de Tlaxcala fue sede de la etapa estatal del XXIV Certamen Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García”, evento que se desarrolló en el Patio Vitral del recinto legislativo y que reunió a 19 jóvenes tlaxcaltecas con el propósito de fortalecer el diálogo, la reflexión y la expresión libre de las juventudes. En esta fase resultó ganador Adolfo Hernández Hernández, quien representará a Tlaxcala en la etapa nacional que se celebrará el próximo 27 de marzo en Oaxaca.
En su mensaje, el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, diputado Emilio De la Peña Aponte, señaló que en pleno siglo XXI, cuando el mundo parece hablar al mismo tiempo, lo verdaderamente valioso no es solo tener una voz, sino saber utilizarla con conciencia. Indicó que, aunque las plataformas tecnológicas permiten una conexión constante, la cercanía digital no siempre garantiza la comprensión humana, por lo que la oratoria mantiene plena vigencia al permitir comunicar ideas con responsabilidad, tocar la razón y conmover el espíritu.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado David Martínez del Razo, subrayó que este certamen representa un espacio de encuentro y reflexión profunda, donde las juventudes pueden defender sus ideales y demostrar que están preparadas para afrontar los retos del presente y del futuro.
Como ejemplo de esta problemática, Flores Lozano hizo referencia al caso de la Síndica del municipio de Santa Catarina Ayometla, quien ha denunciado presuntos actos de violencia política en razón de género derivados de la obstrucción al ejercicio de sus funciones, la negativa de acceso a información relacionada con la revisión de la cuenta pública municipal, así como amenazas e incluso una presunta destitución aprobada en Cabildo, pese a que la Constitución establece que la suspensión o revocación de integrantes de los ayuntamientos corresponde únicamente al Poder Legislativo mediante el procedimiento legal correspondiente.
Asimismo, la Iniciativa de la diputada Pérez Carrillo, contempla que las personas conductoras acrediten conocimientos teóricos y habilidades prácticas para obtener o renovar su licencia, además de la implementación de verificaciones técnicas periódicas a las unidades para garantizar condiciones mecánicas seguras. También se faculta a las autoridades para establecer restricciones de circulación en carreteras o vialidades que representen alto riesgo.
Aguilar Vega señaló que, derivado de los convenios de coordinación suscritos entre el Gobierno del Estado y el sistema federal de salud, el organismo público descentralizado Salud de Tlaxcala inició un proceso de extinción que quedó formalizado jurídicamente con la reforma a la Ley de Salud del Estado publicada el 18 de febrero de 2026. Esta situación hace necesario actualizar diversos ordenamientos estatales para garantizar su correcta aplicación dentro del nuevo esquema institucional.
La iniciativa expone que los jueces municipales no forman parte del Poder Judicial ni ejercen funciones jurisdiccionales plenas, ya que su actuación se circunscribe principalmente a la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación, así como a la imposición de sanciones por infracciones administrativas a los bandos de policía y buen gobierno y reglamentos municipales. En ese sentido, se plantea que los requisitos actuales deben adecuarse a la naturaleza de sus funciones y al nuevo contexto jurídico derivado de la reforma judicial.
En su mensaje de bienvenida, la diputada Reyna Flor Báez Lozano, integrante de la LXV Legislatura, destacó la importancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres desde las comunidades y trasladarlo también al ámbito digital. Señaló que en un mundo cada vez más conectado, las herramientas tecnológicas representan una oportunidad para amplificar la voz de las mujeres, visibilizar las causas que defienden y consolidar liderazgos que nacen desde el territorio. “La tecnología no sustituye el trabajo que ustedes realizan todos los días escuchando, organizando y construyendo comunidad; lo potencia”, expresó, al reconocer que las mujeres líderes comunitarias son una fuerza transformadora para el país.
Durante el conversatorio, conducido por la Mtra. Tella Román Cuevas, socia fundadora y directora general del Instituto Integral de Formación Política y Empoderamiento de Mujeres, explicó que en las comunidades se encontraron mujeres líderes territoriales, trabajadoras, valientes y comprometidas con sus municipios, logrando capacitar a casi 200 mujeres provenientes de más de 80 comunidades, tanto de sistemas de usos y costumbres como del sistema partidista.
En el encuentro participaron mujeres de los municipios y comunidades de Calpulalpan, Chiautempan, Españita, Ixtacuixtla, Contla, Huamantla y Nativitas, quienes compartieron los aprendizajes adquiridos y los obstáculos que enfrentan para acceder a espacios de toma de decisiones, así como el potencial de las redes sociales para fortalecer su liderazgo y promover que más mujeres participen en la vida pública de sus comunidades y participaron autoridades del INE, PNUD México, del Instituto Integral de Formación Política y Empoderamiento de Mujeres.
Asimismo, la iniciativa prevé la creación de la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Deportivo (COMECONAD), órgano que fungirá como instancia para dirimir controversias de naturaleza jurídica en el ámbito deportivo entre deportistas, entrenadores, directivos y organismos vinculados al deporte.
En ese sentido, la iniciativa plantea reconocer jurídicamente el Turismo Rural Comunitario como una modalidad gestionada por las propias comunidades rurales, orientada a fortalecer su participación en la planeación, organización y aprovechamiento de la actividad turística, así como a promover la preservación del patrimonio cultural, las tradiciones, la gastronomía y las actividades productivas locales.
La iniciativa plantea que, actualmente, el marco jurídico estatal no contempla un tipo penal específico que sancione a servidores públicos que ejerzan atribuciones que no les corresponden, lo que puede propiciar conductas arbitrarias o abusivas. De acuerdo con la propuesta, esta situación genera incertidumbre jurídica y afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.