COMUNICADO 572 LXV LEGISLATURA 10 DE DICIEMBRE 2025
Aprueba Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, dictámenes de iniciativas relativas al FIDECIX, a Ley del Notariado y al Código Penal local
Este día, las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, aprobaron tres dictámenes correspondientes a la Iniciativa por el que expide el Decreto del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl del Estado de Tlaxcala, así como, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, ambas remitidas por el Ejecutivo del Estado, así como la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, presentada por el diputado David Martínez del Razo.
El primer Dictamen responde a la propuesta para emitir el Decreto del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl del Estado de Tlaxcala, el cual actualiza el marco normativo aplicable a la administración, funcionamiento y operación de dicho organismo, así como fortalecer la regulación vigente y asegurar que las atribuciones del Fideicomiso se desarrollen con mayor eficiencia en beneficio del sector industrial del Estado, de igual forma, crea la regulación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Huamantla, Tlaxcala.
El segundo Dictamen deriva de la Iniciativa que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, a efecto de implementar mecanismos que promuevan la protección y mejora de la función notarial, a través de la supervisión de la actuación de las notarías y la autenticidad de los instrumentos públicos, garantizando la calidad en la prestación de los servicios notariales.
El tercer Dictamen corresponde a la Iniciativa presentada por el diputado David Martínez del Razo, mediante la cual se plantean reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, las modificaciones propuestas atienden a la necesidad de armonizar el marco jurídico local con el contenido de la reciente Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, por otra parte, se crea la Unidad Especializada de Atención a los Delitos de Extorsión en la Fiscalía General de Justicia como ente encargado de la atención, investigación y persecución del Delito de Extorsión.
Finalmente, los tres Dictámenes aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos fueron remitidos a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, a fin de continuar con su proceso legislativo.
En su exposición ante el Pleno, el diputado González Herrera destacó que, si bien la pirotecnia forma parte de las tradiciones y manifestaciones culturales del país, su uso también genera afectaciones ambientales, riesgos a la salud humana, impactos negativos en los ecosistemas y daños en animales domésticos y silvestres. Asimismo, expuso que Tlaxcala se encuentra entre las entidades con mayor número de incidentes relacionados con la manipulación inadecuada de estos artefactos, por lo que consideró necesario impulsar acciones preventivas desde el ámbito local.
En su exposición de motivos, Báez Lozano señaló que la revisión de mochilas se ha llevado a cabo previamente en diversos planteles del Estado con la autorización de madres, padres y tutores; no obstante, destacó que aún no existe una regulación legal que otorgue certeza jurídica a esta práctica. En ese sentido, la iniciativa plantea incorporar un Capítulo I Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, a fin de que estas acciones se realicen mediante un protocolo preventivo, informado y respetuoso de los derechos humanos, elaborado por la autoridad educativa local, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Gabriela Hernández destacó que el cuidado debe entenderse como una actividad esencial para el bienestar y desarrollo integral de todas las personas a lo largo de su vida, reconociendo su carácter público, social y económico. Precisó que la propuesta busca generar mecanismos de corresponsabilidad entre instituciones, familias, comunidades y sociedad para garantizar condiciones dignas en el trabajo de cuidados, ya sea remunerado o no remunerado.
Durante su exposición, la diputada explicó que actualmente la legislación estatal no contempla lineamientos específicos para atender estas pérdidas, pese a que representan un impacto profundo en la salud mental y física de quienes la viven. Por ello, su propuesta plantea medidas como atención diferenciada, comunicación empática, capacitación profesional continua, así como la creación de Habitaciones Mariposa y Salas de Despedida para evitar situaciones que incrementen el dolor emocional.
La legisladora señaló que la legislación de salud local no distingue esos tipos de diabetes, a pesar de que la Diabetes tipo 1 es autoinmune, no prevenible y predominante en la niñez, lo cual, exige un protocolo de tratamiento distinto al de la diabetes tipo 2 asociada estilos de vida, que es prevenible y generalmente incide en adultos; por lo que, la falta de diferenciación expone a los pacientes, especialmente a los menores, a riesgos graves como la cetoacidosis diabética.
Como parte de la exposición de motivos, el legislador destacó que la armonización normativa es indispensable debido al incremento sostenido de casos de extorsión en diversas entidades del país, lo que ha obligado a establecer un marco legal homogéneo que permita a las autoridades locales y federales actuar bajo los mismos criterios. Resaltó además que la Ley General contempla sanciones superiores a las vigentes en la legislación estatal, así como medidas específicas de protección a víctimas, ofendidos y testigos, elementos que modernizan y fortalecen el sistema de justicia penal.