COMUNICADO 575 LXV LEGISLATURA 11 DE DICIEMBRE 2025
Presenta Emilio De la Peña propuesta para fortalecer la justicia cívica en el ámbito municipal
Este día, el diputado Emilio De la Peña Aponte presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual propone reformar el artículo 49 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y adicionar la fracción I-BIS al artículo 21 de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Su propuesta tiene como finalidad incorporar formalmente la justicia cívica como un mecanismo preventivo y restaurativo dentro de la estructura municipal y del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Durante su exposición de motivos, el legislador destacó que la falta de mecanismos institucionales uniformes para atender conflictos comunitarios y faltas administrativas genera respuestas dispares entre municipios, lo que se traduce en inequidad en la aplicación de la ley y en un incremento de tensiones sociales. Señaló que la incorporación plena del Modelo Homologado de Justicia Cívica permitirá fortalecer la convivencia comunitaria, prevenir conductas antisociales y dotar de herramientas jurídicas actualizadas a las autoridades municipales.
Asimismo, enfatizó que la reforma propuesta contribuirá a reducir la cifra oculta de delitos, mejorar la actuación policial bajo criterios de proximidad y establecer juzgados cívicos y procedimientos orales que garanticen soluciones inmediatas, proporcionales y restaurativas. Con ello, se busca armonizar el marco jurídico estatal con los estándares nacionales en materia de seguridad ciudadana y promover una política pública integral basada en la prevención y el buen gobierno.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones de Asuntos Municipales y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
La legisladora expuso que el campo tlaxcalteca enfrenta desafíos derivados del deterioro ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el incremento en los costos de insumos agroquímicos, por lo que consideró indispensable establecer un marco jurídico que favorezca la transición hacia modelos de producción más sostenibles, resilientes y acordes con las necesidades del territorio. Señaló que la inclusión de la agroecología permitirá fortalecer la autonomía campesina, conservar los recursos naturales y mejorar la seguridad alimentaria de la población.
La legisladora expuso que la propuesta tiene como eje incorporar la gestión menstrual como un tema de salud pública y de derechos humanos, incluyendo la provisión de productos gratuitos, la mejora de infraestructura sanitaria, la atención médica especializada, la creación del Programa Estatal de Gestión Menstrual Digna, así como la implementación de campañas permanentes de concientización para eliminar estigmas y prácticas discriminatorias. Asimismo, la iniciativa reconoce el dolor menstrual incapacitante como causal válida para la concesión de licencias laborales con goce de sueldo.
En su exposición ante el Pleno, el diputado González Herrera destacó que, si bien la pirotecnia forma parte de las tradiciones y manifestaciones culturales del país, su uso también genera afectaciones ambientales, riesgos a la salud humana, impactos negativos en los ecosistemas y daños en animales domésticos y silvestres. Asimismo, expuso que Tlaxcala se encuentra entre las entidades con mayor número de incidentes relacionados con la manipulación inadecuada de estos artefactos, por lo que consideró necesario impulsar acciones preventivas desde el ámbito local.
En su exposición de motivos, Báez Lozano señaló que la revisión de mochilas se ha llevado a cabo previamente en diversos planteles del Estado con la autorización de madres, padres y tutores; no obstante, destacó que aún no existe una regulación legal que otorgue certeza jurídica a esta práctica. En ese sentido, la iniciativa plantea incorporar un Capítulo I Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, a fin de que estas acciones se realicen mediante un protocolo preventivo, informado y respetuoso de los derechos humanos, elaborado por la autoridad educativa local, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Gabriela Hernández destacó que el cuidado debe entenderse como una actividad esencial para el bienestar y desarrollo integral de todas las personas a lo largo de su vida, reconociendo su carácter público, social y económico. Precisó que la propuesta busca generar mecanismos de corresponsabilidad entre instituciones, familias, comunidades y sociedad para garantizar condiciones dignas en el trabajo de cuidados, ya sea remunerado o no remunerado.
Durante su exposición, la diputada explicó que actualmente la legislación estatal no contempla lineamientos específicos para atender estas pérdidas, pese a que representan un impacto profundo en la salud mental y física de quienes la viven. Por ello, su propuesta plantea medidas como atención diferenciada, comunicación empática, capacitación profesional continua, así como la creación de Habitaciones Mariposa y Salas de Despedida para evitar situaciones que incrementen el dolor emocional.