COMUNICADO 360 LXV LEGISLATURA 27 DE MAYO 2025
Propone Gabriela Hernández Islas cuotas obligatorias a favor del empleo de PcD
En la sesión de este martes, la diputada Gabriela Hernández Islas, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que busca garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado de Tlaxcala. La propuesta establece cuotas obligatorias tanto para el sector público como para el privado, con el fin de eliminar barreras estructurales que históricamente han impedido el acceso pleno de este grupo a oportunidades laborales.
La iniciativa propone reformar la Ley para Personas con Discapacidad y la Ley Municipal del Estado, eliminando disposiciones que solo “promueven” la inclusión y en su lugar establecer porcentajes obligatorios: 5% en dependencias estatales y municipales, y 3% en empresas privadas con más de 50 trabajadores. Además, plantea la creación de un nuevo artículo (28 Bis) que contempla también sanciones económicas por incumplimiento, así como medidas de accesibilidad y seguimiento por parte de la Secretaría de Trabajo y Competitividad del Estado.
Durante su exposición de motivos, la legisladora argumentó que el marco legal actual no ha sido suficiente para revertir la exclusión laboral que enfrentan las personas con discapacidad. Subrayó que esta reforma se alinea con los principios de igualdad y no discriminación, y que su implementación es viable tanto desde el punto de vista técnico como financiero, además de representar un paso necesario hacia una sociedad más justa y equitativa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. Con esta propuesta, se da un paso firme hacia la construcción de un Tlaxcala más incluyente, donde todas las personas, sin distinción, tengan acceso a un trabajo digno.
Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que Tlaxcala ha registrado 77 incendios forestales en lo que va del año, según cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y CONAFOR. Estos siniestros, dijo, afectan directamente a la biodiversidad, la conectividad ecológica y contribuyen al cambio climático. Ante este panorama, propuso incorporar conceptos clave como “manejo del fuego” y “uso planificado del fuego” en la legislación estatal.
Durante su intervención, la diputada Gabriela Hernández Islas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, subrayó la necesidad de replantear los modelos de contratación actuales. Señaló que la inclusión implica no solo abrir oportunidades, sino también adaptar los espacios y procesos laborales a las distintas condiciones de discapacidad, con un enfoque diferencial y de derechos.
La legisladora, explicó que la armonización resulta urgente y necesaria para garantizar el derecho humano a la movilidad, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido tanto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial como en la legislación local de movilidad detallando que si bien, cinco municipios han publicado reglamentos en materia de tránsito y transporte, éstos no hacen referencia expresa a la Ley de Movilidad ni incorporan los principios rectores que establece su artículo 7, como la seguridad vial, la inclusión, la sostenibilidad o la participación ciudadana.
Entre los elementos clave de la propuesta se encuentra la declaración de los servicios ecosistémicos como bienes de interés público estatal, la implementación de un Fondo Estatal para la AbE y la conformación del Consejo Estatal de Adaptación, que fungirá como órgano consultivo y de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, comunidades, instituciones académicas y organizaciones civiles. Además, la iniciativa contempla la participación activa de las comunidades locales mediante Comités Comunitarios de Adaptación y el programa “Guardianes de los Ecosistemas”.
Con esta reforma constitucional la diputada Laura Yamili pretende dotar a las personas de una herramienta jurídica eficaz para exigir estándares de calidad y legalidad en la actuación gubernamental, y avanzar hacia una administración pública centrada en el interés general, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales.
Las legisladoras promoventes destacaron que la iniciativa responde al exhorto aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual se llama a los congresos locales del país a reconocer en sus Muros de Honor a la primera diputada electa de cada entidad federativa, como un acto de memoria histórica y de impulso a la igualdad sustantiva.
Durante su intervención, la legisladora destacó que esta reunión congregará a diputadas y diputados locales de todo el país que integran comisiones relacionadas con los asuntos municipales o con temas que inciden directamente en el desarrollo de los ayuntamientos. En este espacio se fomentará el intercambio legislativo, el análisis técnico y el fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria con enfoque municipalista. Asimismo, se llevará a cabo la renovación de la Junta Directiva de la COPAMM, conforme a sus estatutos.
La diputada local Reyna Flor Báez Lozano, firmó este martes, 20 de mayo, un convenio de colaboración con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 82, representado por su director, Rubén Vázquez García. Esta alianza institucional tiene como propósito ampliar las oportunidades de formación laboral para las y los tlaxcaltecas, mediante cursos técnicos de alta demanda en el mercado.
Además, se acordó que el CECATI podrá impartir cursos en sedes alternas al plantel número 82, siempre que la Diputada Báez Lozano lo solicite y facilite los espacios necesarios. Esta medida permitirá descentralizar los servicios de capacitación y facilitar el acceso a más personas, particularmente en comunidades alejadas de los centros urbanos.
El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó por unanimidad la desincorporación de diversos bienes inmuebles del Patrimonio Público del Estado con el propósito de donarlos al “Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar”, una iniciativa de alcance federal orientada a garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada, conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con esta decisión, el Poder Legislativo se suma a los esfuerzos del Gobierno de México para avanzar en la meta de construir un millón de viviendas en todo el país, beneficiando especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Al aprobar estas Iniciativas enviadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el Congreso reafirma su compromiso con la población tlaxcalteca, la cercanía con las causas sociales y la generación de resultados tangibles.